Juan Manuel Fernández, Presidente del TSJN:“Seríamos todos más justos si prescindiéramos de ese prejuicio de que la Infanta va a tener un trato de favor”

Juan Manuel Fernández Martínez es el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) desde 2004 y fue el Juez instructor del Caso Urralburu, el más importante en Navarra hasta la fecha. Fernández estudió Derecho en la Universidad de Navarra, opositó a Juez y su primer destino fue Betanzos. Desde entonces recorrió varios juzgados hasta 2004, cuando fue nombrado Presidente del TSJN.

P: ¿Hay motivos para investigar la gestión de Caja Navarra?

R: Sí. De hecho hay una investigación abierta y se ha razonado además a través de diferentes decisiones judiciales qué es lo que se está investigando. Se ha apuntado incluso alguna calificación jurídica y, por lo tanto, parece que es razonable haber abierto esa investigación.

El problema es que se confunde o se mezclan diferentes fases del procedimiento. La existencia de una imputación no es ya una sentencia de condena, no es la emisión de un juicio de culpabilidad. Tomar la declaración a alguien como imputado no es culparle. Falta decidir algo fundamental: si se abre o no el juicio oral. Y falta el resultado del juicio oral.

P: ¿Cree que cuando Yolanda Barcina deje de ser aforada y en consecuencia se le terminen los privilegios, va a ser imputada?

R: En primer lugar, no tengo tan claro que sea un privilegio. Tiene su único juicio no hay posibilidad de recurso de ningún tipo. Si Yolanda Barcina fuera juzgada en el Tribunal Supremo la sentencia del pone punto final al resultado del proceso. Sin embargo, cualquier otra persona la debería juzgar un juez penal o Audiencia, lo que significa que podría recurrir la sentencia, por lo que, el recurso añade una garantía al proceso.

P: Entonces, ¿No cree que Barcina no ha sido imputada aún por ser aforada?

Eso son opiniones que en estos momentos carecen de todo soporte. Si esto fuera así la juez estaría prevaricada. Así de sencillo. Si la juez supiera que Barcina hubiera cometido un delito y no hubiera hecho nada estaría prevaricando. Especular forma parte del debate social pero es poco riguroso. Esa opinión no se puede presentar como un hecho cierto, en absoluto.

Si un juez tiene constancia de que una persona aforada ha cometido un delito, inmediatamente tiene que parar la investigación y tiene que exponer al órgano superior que tiene la competencia para investigar al aforado. Es obligatorio, no es potestativo. Por lo tanto, si no lo ha hecho es porque no hay ese grado de evidencia.

P: La percepción social es que la Justicia está politizada. ¿Cómo ve esto?

R: Hemos dado pie a que haya esa imagen. Lo digo porque quizás hay un foco de exteriorización de lo que es el Consejo General del Poder Judicial, donde los miembros del son elegidos por el Parlamento. Pretender que no haya gente con ideologías es tan absurdo como inimaginable.

No quiero para nada un juez sin ideología. Lo que sí quiero es un juez que a la hora de juzgar sepa ser independiente de sus propias convicciones. Lo que no puede ser es que la política partidista se traslade al ámbito judicial. Y esto ha pasado. Y creo que ha influido o influye enormemente en la percepción que los ciudadanos tienen de la justicia. En todos los colectivos hay profesionales buenos y malos, hay jueces excelentes y jueces que no merecerían serlo.

P: ¿Qué opina de que las profesiones peor valoradas sean las que corresponden a tres de los pilares de la sociedad: políticos, periodistas y jueces?

R: Es doloroso. Sin embargo, la responsabilidad es personal. Cada uno tiene que ser responsable de sus propios actos y tratar de hacer tu trabajo con honradez e integridad. También hay que tener en cuenta que vivimos un momento de crisis y de desmoronamiento institucional. Han perdido toda credibilidad y arrastra todo lo que tiene que ver con lo público.

Personalmente, creo que la justicia está funcionando y no está corrompida. Al igual que en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También creo que la mayoría de políticos son gente honrada y se entregan sin ningún tipo de recompensa. Es verdad que los casos de corrupción son muchos y que es un problema serio, pero eso se persigue.

P: ¿Hasta qué punto la imputación de la Infanta puede afectar a la percepción que tiene la sociedad de la Justicia?

R: Cuando empezó esto, nadie creía que íbamos a llegar a esta situación. Cuando citaron a Urdangarín nadie pensó que se abriría una investigación, y cuando se hizo, se criticó que la Infanta no estuviese imputada. Lo que tampoco me parece justo es que se la impute sin motivos, simplemente para reafirmar que la justicia es igual para todos. Conocer no es lo mismo que delinquir, no es suficiente para una condena. Seríamos todos más justos si prescindiéramos de ese prejuicio de que va a tener un trato de favor.

P: ¿Cuánto influyen el debate público y los juicios paralelos en la decisión profesional de un juez?

R: Un juicio paralelo tiene el peligro potencial de influir en jueces y jurados, pero el peor de los peligros es que pone en jaque la presunción de inocencia. El grado de influencia es distinto porque el juez tiene una preparación que incluye el saber que su sujeción es al principio de legalidad y lo que se aparte de la ley le priva al juez de su legitimad democrática y le convierte en un justiciero, lo que no es posible en un Estado de Derecho. Si la sujeción a la ley le impone una determinada sentencia, aunque la opinión pública clame otra sentencia. Un jurado no tiene esa formación previa y esa presión le puede afectar más que al juez. Pero el juez tampoco es una persona inmune a cualquier tipo de influencia exterior. Pero desde luego, no deben verse influenciados ni uno ni otro.

P: Estamos viendo últimamente muchos casos de filtraciones, ¿es posible límites a está práctica? ¿crean juicios paralelos?

Soy partidario de regulaciones mínimas. Las leyes tienen que tener un ámbito de generalidad y tiene que haber un poder judicial capaz de tratar cada caso particular. Lo que no puede impedir son las patologías, como los juicios paralelos. Hay que destacar que no es lo mismo el juicio paralelo que el debate público.

También se pretende regular el secreto de sumario. La regulación que hay no es mala, pero es verdad que se producen filtraciones que son imposibles de averiguar.

Hay casos donde ni siquiera los imputados pueden saber lo que está pasando, solo el juez y el fiscal. Porque los medios de comunicación informan al minuto: nombres y apellidos, copias de documentos y declaraciones. Estas filtraciones tienen su origen en los representantes de las partes. Se puede perseguir en teoría, en la práctica no. Porque el secreto profesional del periodista es una obligación y tiene todo el derecho a guardar la fuente.

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